Para asegurar la coherencia de las decisiones de inversión, el directorio deberá someter a aprobación de la junta de accionistas, un “Plan de Negocios Quinquenal”, el cual deberá contener un detalle de los proyectos de inversión que se llevarán a cabo por la empresa y establecer el mecanismo mediante el cual serán concesionados. Cabe señalar que el mensaje del proyecto le da especial importancia a su artículo 21, el cual trata sobre el proceso de evaluación de proyectos de infraestructura que requieren especial aprobación, refiriéndose a aquellos proyectos que puedan requerir aporte del Estado debido a que presentan una rentabilidad más bien “social” que económica. En este sentido, el artículo 21 del proyecto indica una serie de requisitos que debe cumplir este tipo de proyectos para aprobar su ejecución.
El proyecto indica que la empresa sólo podrá desarrollar su objetivo a través de terceros, pudiendo hacerlo por medio del otorgamiento de concesiones o la suscripción de contratos, los que deberán definirse mediante un procedimiento de licitación pública que garantice la competencia e igualdad de los oferentes.
Por último, en relación a la capitalización o financiamiento inicial de la empresa, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, indicó en la Comisión que el capital de la empresa sería de aproximadamente unos US$9 mil millones y no implicaría mayores desembolsos por parte del Estado pues se financiaría en principio mediante la emisión de deuda o bonos los cuales se irán pagando a través de los flujos que generen las concesiones viales que hoy en día se encuentran otorgadas y que están prontas a terminar.
El proyecto está siendo discutido actualmente en la Comisión de Obras Públicas (Primer Trámite Constitucional), por lo que aún está afecto a posibles modificaciones.
