Siguiendo el itinerario planteado en el proceso constitucional en curso, y tomando en consideración el borrador elaborado por la Comisión Experta y las enmiendas presentadas durante la respectiva discusión en Comisión Mixta, el Consejo Constitucional aprobó en el día de ayer, el Anteproyecto de Nueva Constitución.

El Anteproyecto, si bien mantiene varios aspectos del actual texto constitucional vigente, realiza ciertos cambios. Entre estos últimos, destacan por tema, los siguientes:

Sistema Político y participación

• Se reduce el número de integrantes de la Cámara de Diputados (de 155 a 138).
• Se incluye un umbral de 5% de los votos a nivel nacional o contar con 8 parlamentarios en ambas ramas, para que los partidos políticos puedan obtener representación en la Cámara de Diputados.
• Regulación detallada y extensa de los partidos políticos, sancionándose con pérdida del escaño al parlamentario que renuncia al partido político del que era miembro al momento de salir electo.
• Regulación del derecho de las personas a participar en los asuntos de interés público, incluyéndose mecanismos como la iniciativa ciudadana de ley y la de los foros de deliberación ciudadana.

Derechos sociales

• En materia de derecho a la salud, se incluye la noción de integralidad y el establecimiento expreso de un Plan universal de salud.
• En materia de derecho a la educación, se consagra el deber y derecho preferente de la familia de escoger la educación de sus hijos o pupilos, incluido el establecimiento educacional y el tipo de proyecto educativo; la libertad de enseñanza, buscando consagrar la posibilidad de que los privados puedan impartir educación, al regular el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales; y la consagración de un mecanismo de financiamiento del Estado por estudiante.
• En materia de derecho a la vivienda, se asegura a todas las personas el derecho a una vivienda adecuada, mandatándose al Estado a promover acciones destinadas a satisfacer, de forma progresiva y a través de instituciones estatales y privadas, la provisión de este derecho. Se incorpora una norma que libera a la vivienda principal de toda contribución e impuesto territorial, fijando que las omisiones a dicha liberación sólo podrán fundarse, en conjunto, en el alto avalúo fiscal de la vivienda y los ingresos del contribuyente.
• En materia laboral, se asegura el derecho a un trabajo decente.
• En materia previsional, se consagra tanto de la propiedad como la inexpropiabilidad de los fondos de las personas; además de la libertad de elección de los cotizantes de escoger la institución que administre sus fondos.

Poder judicial

• Creación de tres órganos específicos encargados del nombramiento de los jueces; la formación y perfeccionamiento de estos mismos, así como de los funcionarios judiciales; y, de la gestión y administración del Poder Judicial.
• Adicionalmente, la propuesta incorpora una noción de fiscalización interna del Poder Judicial, a cargo de los Fiscales Judiciales de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones. Estos, tendrán por finalidad velar por el correcto actuar de los jueces, funcionarios del Poder Judicial, auxiliares de la administración de justicia y las demás personas que determine la ley respectiva.

Medioambiente, recursos naturales y sustentabilidad

• Introducción de disposiciones específicas para la protección del medio ambiente y la sustentabilidad, incluyendo un deber del Estado de promover la preservación de la naturaleza y el acceso al agua y saneamiento.
• Establecimiento de un capítulo completo a la protección del medioambiente, donde se indica que en esta labor se promoverá la colaboración público-privada, y que se garantiza el derecho de acceso a la justicia, información y participación ciudadana en materias ambientales, junto con la promoción de la educación ambiental.
• Incorporación del deber del Estado de promover una matriz energética compatible con la protección del medioambiente y de la implementación de medidas de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático.

El Anteproyecto será entregado al Presidente de la República el día 7 de noviembre, a efectos de que este convoque a un plebiscito, que se llevará a cabo el 17 de diciembre, donde la ciudadanía podrá manifestarse a favor o en contra de la propuesta constitucional.