El 12 de febrero fue publicada en el Diario Oficial la Ley N°21.732, que determina conductas terroristas, fija su penalidad y deroga la Ley N°18.314. Esta norma establece un nuevo marco normativo para la determinación, penalización y persecución de conductas terroristas en Chile, derogando la Ley N°18.314, que hasta esa fecha reguló la materia.
Con la promulgación de la Ley N°21.732 se pretende corregir los defectos que impedían al Estado perseguir de manera efectiva los delitos terroristas, a través de la creación de nuevos delitos, la incorporación de una nueva definición de delito terrorista, el establecimiento de nuevas técnicas especiales de investigación, y la instauración de mecanismos que permitirán hacer más eficiente la persecución penal de las conductas terroristas, como la obligación del futuro Ministerio de Seguridad Pública de proponer al Presidente de la República una Estrategia Nacional de Prevención y Combate de las Conductas Terroristas.
Un punto que es necesario tener en consideración, relacionado con la implementación y actualización de los Modelos de Prevención de Delitos, es que la Ley N°21.732 establece expresamente en su artículo 26 que las referencias al artículo 8º de la Ley Nº18.314, deben entenderse hechas al artículo 10 de la Ley N°21.732.
Por lo tanto, la referencia realizada por la Ley N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas al artículo 8º de la ahora derogada Ley N°18.314, debe entenderse como una referencia al artículo 10 de la Ley N°21.732, que establece el nuevo delito de financiamiento del terrorismo.
De esta forma, los Modelos de Prevención de Delitos desarrollados al amparo de la Ley N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (modificada por la Ley N°21.595 sobre Delitos Económicos), para los efectos del análisis de riesgos y medidas de prevención relativas al eventual financiamiento de actividades terroristas, deben desde ahora considerar la definición de conductas terroristas que se establece en esta nueva ley.
